viernes, 31 de enero de 2014

Invertirá Estado 177 mdp en abasto de agua para Tribu Yaqui


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Invertirá Estado 177 mdp en abasto de agua para Tribu Yaqui

Invertirá Estado 177 mdp en abasto de agua para Tribu Yaqui

Viernes 31 de Enero , 20:02 por Uniradio Noticias

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Por: Jeanneth Jiménez
Ciudad Obregón.- Una inversión de 177 millones de pesos son los que invertirá el Estado para que las 34 comunidades yaquis tengan acceso a agua potable a partir de abril de este año, informó el gobernador Guillermo Padrés Elías.
Durante gira de trabajo por Cajeme, el mandatario estatal señaló que se hizo un acuerdo con la Tribu Yaqui para garantizar el abasto de agua potable durante las 24 horas del día a los integrantes de la etnia.
"Hicimos un acuerdo para que, tentativamente, a partir de abril de este año las 34 comunidades yaquis tengan acceso a agua potable; estamos en ese proceso, además de que abriremos mil 500 hectáreas al cultivo; son parte de los compromisos y los vamos a cumplir cabalmente. Vamos a seguir trabajando con el gobierno federal y con Conagua para darle certeza y certidumbre a este compromiso", indicó.
En cuanto al bloqueo carretero, Padrés Elías comentó que éste continúa, pero que se mantendrá atento a que se le dé solución, por lo que espera que la Secretaría de Gobernación y la Conagua los apoye para seguir avanzando en este tema.
"Estoy seguro de que vamos a llegar a los acuerdos pertinentes a través de las mesas de negociación, porque tenemos la capacidad de trabajar unidos en beneficio de nuestras comunidades y nuestro gobierno siempre será parte importante de la solución", reiteró.
Asimismo, subrayó que continuarán trabajando en favor de la Tribu Yaqui, con quienes tendrán un acercamiento para atender sus demandas y necesidades.
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Incumple gobierno federal pacto político con la tribu Yaqui


http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=387010


Incumple gobierno federal pacto político con la tribu Yaqui

29 de Enero, 2014
     
La tribu Yaqui califica de simulación por parte de Conagua el convenio suscrito con el gobierno estatal y el municipio de Hermosillo, pues se seguirán extrayendo cantidades de agua que afectan su supervivencia.
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A dos días de que la Tribu Yaqui firmara un convenio con la Federación para buscar una solución al conflicto del Acueducto Independencia en Sonora, el gobierno federal, a través, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), es quien rompe el acuerdo político.

Así lo considera la tribu Yaqui al señalar el incumplimiento de las condiciones pactadas para el reparto de agua.

En primer lugar, se informa a través de un comunicado, en el Convenio del 21 de enero se estipuló que la extracción de agua sería para consumo humano de la ciudad de Hermosillo y obedeciendo "únicamente a necesidades reales y de emergencia de la ciudad".

Sin embargo, en el Convenio del 23 de enero, suscrito entre la Conagua, el gobierno de Sonora y el ayuntamiento de Hermosillo; se amplía el concepto al referirse no sólo a la ciudad de Hermosillo, sino al municipio de Hermosillo, lo cual aumenta discrecionalmente el alcance del acuerdo original.

Además, el Convenio del 21 de enero establece que la extracción de agua que se autorice para la ciudad de Hermosillo estará sujeta a "criterios técnicos y legales". A pesar de ello, en el Convenio del 23 de enero Conagua, el gobierno de Sonora y el ayuntamiento de Hermosillo, se acordó que "el volumen mínimo garantizado al Municipio, de acuerdo a sus necesidades y en virtud de no existir otras fuentes de abastecimiento, será de 30 millones de metros cúbicos anuales".

Esto, destaca la tribu Yaqui, no se apega, en ningún sentido, al acuerdo político, en el sentido de que extracción sería únicamente en caso de emergencia, además de que no se ha entregado a la Tribu Yaqui ningún estudio técnico que acredite por qué se determinó dicha cantidad.

Uno de los temas medulares que dio origen al conflicto por el agua en Sonora es que no se ha permitido conocer a la Tribu Yaqui las cantidades que están siendo extraídas para desviar a la ciudad de Hermosillo a través del Acueducto.

Es por ello, que la tribu considera que la autoridad no puede fijar montos de extracción de forma discrecional, como pretende hacerlo en el Convenio del 23 de enero.

Ante este panorama, la Tribu Yaqui exige que dicha información se transparente, y que se pueda contar con datos fidedignos para ser analizados durante el proceso de consulta que se llevará a cabo.

Siguiendo con el Convenio firmado, el 21 de enero, también quedó estableció que se determinaría "la forma de supervisión y participación de los distritos de riego e integrantes designados por la Tribu Yaqui para el cumplimiento correcto de la cuenca del Río Yaqui".

A pesar de esto, sin tomar en cuenta a la Tribu, el Convenio del 23 los relega a un papel de "terceros interesados" y limita su participación, condicionándolos a acreditar el daño que genera la extracción del agua para poder participar en la verificación en el lugar de la extracción y a hacerlo a través de un "comité hidráulico", proceso que tienen que realizar con 15 días de anticipación y avisando previamente a la Conagua.

Lo anterior, destaca el comunicado, implica una restricción a los derechos de la Tribu Yaqui de supervisar la utilización adecuada de la cuenca del Río Yaqui.

Asimismo, el Convenio del 21 establecía que el gobierno se comprometía a buscar y analizar alternativas hídricas sustentables que no generaran conflictos.

Sin embargo, la Conagua, el gobierno de Sonora y el ayuntamiento de Hermosillo sólo señalan que no existen otras fuentes de abastecimiento, con lo que además de boicotear el acuerdo firmado en Gobernación, queda clara la postura del gobierno de no buscar alternativas ni opciones viables y factibles para resolver el problema que aqueja a la Tribu Yaqui.

Mario Luna, secretario de la autoridad tradicional del pueblo de Vícam, señaló que, "la Tribu Yaqui califica de una simulación el Convenio firmado el 21 de enero por el gobierno federal, pues en los hechos no se han respetado los derechos adquiridos que la Tribu tiene sobre el Río Yaqui desde 1940".

"Cuando firmamos el convenio con la Federación dejamos muy claro que estábamos dando un voto de confianza al gobierno mexicano, después de haber sido traicionados por el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés y que el retiro del bloqueo estaba condicionado a que el gobierno cumpliera su palabra. Dado que no la ha cumplido, tendremos que analizar también las acciones a tomar con relación al bloqueo a la carretera México-Nogales", agregó.

Cabe señalar que el convenio firmado era válido hasta que finalizara la consulta en la que se decidiría si se quiere o no la mega obra hídrica. El resto de recursos que utilizan en defensa del río seguirán su curso.

Luna externó su preocupación de que ahora sea el gobierno federal quien rompe el pacto político con la Tribu Yaqui, pues esto agota los canales institucionales de comunicación que se habían mantenido hasta el momento.

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miércoles, 29 de enero de 2014

CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN TEMÁTICA CON LAS AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA ETNIA YAQUI, ACTORES PRODUCTIVOS EN EL VALLE DEL YAQUI E INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO CIUDADANO DE DEFENSA DEL AGUA DE CAJEME


CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN TEMÁTICA CON LAS AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA ETNIA YAQUI, ACTORES PRODUCTIVOS EN EL VALLE DEL YAQUI E INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO CIUDADANO DE DEFENSA DEL AGUA DE CAJEME






















El gobierno de Sonora no le hace caso a la SCJN




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LA TLACUILA

CÓDICES GEEK

PERFIL Margarita Warnholtz Locht (la tlacuila) es etnóloga egresada de la ENAH. Trabajó muchos años con organizaciones indígenas en cuestiones de comunicación, entre otras, coordinó un proyecto de incorporación de organizaciones indígenas a internet a finales de los 90, proyecto con el cual se convirtió en fellow de Ashoka (red internacional de emprendedores sociales). En los últimos años se ha dedicado a difundir información de los pueblos indígenas en la prensa escrita, colaborando con diarios como Excélsior en 2006 y Milenio de 2007 a 2010.
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El gobierno de Sonora no le hace caso a la SCJN

Desde hace unas semanas los yaquis, y organizaciones que los apoyan, bloquean la Carretera Internacional a la altura de Vicam, Sonora. Y parece mentira, pero lo que están pidiendo, o exigiendo, es que se acate un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El 8 de mayo pasado, la SCJN otorgó a este pueblo un amparo en contra de la autorización de impacto ambiental otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para la construcción del acueducto Independencia. En síntesis, la SCJN afirmó que no se consultó adecuadamente a los yaquis antes de otorgar la autorización y que el proyecto puede afectarlos.
La tribu yaqui tiene los derechos de agua de la presa La Angostura por decreto presidencial del 30 de septiembre de 1940 y la operación del mencionado acueducto obtiene el agua de esa presa, es decir, le quita a los yaquis su agua -que de por sí se ha vuelto poca últimamente- para llevar más agua a Hermosillo, pues parece ser que como hay nuevas industrias, ya no les alcanza. Y a pesar de la decisión de la SCJN, continúan las obras del acueducto y éste además ya está operando en “fase de prueba”.
A finales de mayo, en un desplegado publicado en el periódico Reforma, el pueblo yaqui solicitó al Presidente Enrique Peña Nieto su intervención para detener la operación del acueducto, sin embargo, éste sigue funcionando y por lo tanto, ahora los yaquis están haciendo presión con los bloqueos a la Carretera Internacional.
La última noticia del tema es que, además de que el gobierno de Sonora no hace caso ni a los yaquis ni a la SCJN, ahora están acusando a los principales dirigentes de la tribu ¡de secuestro!  La noticia me llegó a través de la Agencia Internacional de Prensa India  que en una nota (que no está en línea pero aquí hay otra que se refiere brevemente al asunto) afirma que organizaciones civiles enviaron una carta al secretario de Gobernación expresando “su preocupación y rechazo” ante las declaraciones del procurador de justicia del estado de Sonora, Carlos Navarro Sugich, sobre la existencia de una averiguación previa en contra de Tomás Rojo, encargado de la tribu yaqui para el asunto del acueducto, y de Mario Luna Romero, secretario de las autoridades tradicionales de Vicam. En la misiva solicitan la protección de los mencionados ciudadanos ante cualquier agresión o detención.
Resulta que el sábado pasado la guardia tradicional yaqui apresó a una persona (yaqui también) por provocar un accidente al conducir en estado de ebriedad, y de ahí el procurador de Sonora acusa de secuestro a los personajes mencionados, aunque Rojo ni siquiera estaba en el lugar de los hechos y Luna sí estaba, pero cumpliendo con sus funciones como secretario. ¡Qué casualidad que los presuntos implicados sean justamente quienes están encabezando la lucha por su agua!  Y no dudo que los detengan, pues al parecer así funciona la ley en este país: a la SCJN no le hacen caso, pero se inventan delitos a su conveniencia…
Pero eso sí, en Naciones Unidas presumen de que en México sí se cumplen los derechos de los pueblos indígenas, y que incluso la SCJN ha emitido resoluciones a favor del derecho a la consulta, como afirmó, Roberto de León Huerta, miembro de la representación de México ante la ONU (aquí la nota) en el pasado período de sesiones del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas; lo que no dicen es que las resoluciones no se cumplen.
También en el mismo foro Nuvia Mayorga, directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), habló sobre el “compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto de impulsar la mejoría de los pueblos indígenas a partir de sus iniciativas, con respeto a sus formas organizacionales y culturales”, pero no dijo que le están quitando el agua a los yaquis, ni que iba a gastarse más de 7 millones de pesos en remodelar su oficina (sobre lo que comentamos la semana pasada). Por cierto, volví a hablar a la CDI para ver qué pasó con mi solicitud de entrevista con Mayorga (que hice el 15 de enero) y para preguntar sobre lo de la remodelación y, una vez más, no he obtenido respuesta. Me dijeron (miércoles 10 AM) que en cuanto llegara el director de Comunicación Social me llamaban y sigo esperando, supongo que el señor todavía no llega a su oficina. Habrá que buscar el Twitter de la contadora Mayorga a ver si por ahí sí nos hace caso…


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Amnistía Internacional teme represalias contra indígenas yaquis que lideran protesta




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Amnistía Internacional teme represalias contra indígenas yaquis que lideran protesta

Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que existe un “riesgo de represalias” hacia dos activistas indígenas yaquis de la comunidad de Vicam, contra quienes se han abierto juicios relacionados con su oposición a puesta en marcha de un acueducto en Sonora.
En un comunicado, la ONG indicó que está “gravemente preocupada por la seguridad y la libertad de los líderes indígenas Mario Luna Romero y Tomás Rojo”, que encabezan una protesta desde hace varia semanas en la carretera México-Nogales contra la entrada en funcionamiento de un acueducto sobre el cual no fueron consultados.
AI señaló que se han abierto “procesos judiciales en contra de los dos activistas” y teme que los mismos “estén ocurriendo como represalia a su legítima labor en defensa de los derechos humanos de su comunidad”.
Los dirigentes son acusados de “ataques a las vías de comunicación en el orden federal y de secuestro en el orden estatal”, apuntó.
La oficina mexicana de Amnistía destacó que durante años se ha abusado de manera recurrente del “sistema de justicia en México para silenciar a quienes se dedican a defender derechos humanos”. Por ello, solicitó “que se den a conocer los fundamentos y avances de las investigaciones en contra de los líderes yaquis y que, de concluirse que éstas no tienen sustento, se desista inmediatamente de procesarles”.
Los bloqueos están motivados en el hecho de que los permisos administrativos para la construcción de este acueducto fueron otorgados sin la debida información, consulta y participación de la tribu Yaqui, que detenta el 50 % de los derechos de uso de aguas del caudal del río Yaqui.
“Quienes se manifiestan argumentan que, de completarse esta obra que extraería agua del río Yaqui, pondría en riesgo la subsistencia y forma de vida de la comunidad”, recordó AI.
El pasado año la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Gobierno de Sonora y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la que reconoció que hubo una violación de los derechos humanos de la tribu yaqui en la licitación y construcción del acueducto Independencia.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el pasado 8 de mayo emitió un fallo donde reconoce que la autorización para construir ese acueducto fue emitida sin respetar el derecho a consulta de la etnia yaqui. Este grupo lo forman unas 45 mil personas distribuidas en ocho pueblos y 56 localidades del noroeste de México.


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Avanza la lucha de los yaquis contra acueducto en Sonora Según un convenio firmado, el gobierno federal evit





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Avanza la lucha de los yaquis contra acueducto en Sonora

Tras casi cuatro años de lucha de la Tribu Yaqui contra lo que consideran una obra de infraestructura hidráulica que atenta contra la conservación de su etnia, el gobierno federal aceptó el pasado 21 de enero firmar un convenio para analizar e indemnizar el daño provocado por la extracción de agua de la presa el Novillo, ubicada en el estado de Sonora.
A partir del próximo 28 de enero, Gobernación encabezará el análisis por los daños causados a la tribu y aplicará recursos para garantizar el desarrollo económico, productivo, bienestar social, cultural, ambiental y de infraestructura básica “que potencien el desarrollo de la etnia yaqui”; según establece un documento firmado por el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava; el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, José Guerra Abud; el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías; y autoridades tradicionales de la etnia Yaqui.
Aquí puedes leer el convenio:
Desde enero de 2010, la Tribu Yaqui se opuso al programa hídrico Sonora Sistema Integral (Sonora SI) —propuesto por el gobernador panista Guillermo Padrés— cuya obra central es el Acueducto Independencia, que con 152 kilómetros de longitud trasvasa agua a Hermosillo, capital del estado, desde la presa El Novillo, que forma parte del río Yaqui.
En ese año, la Semarnat, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó al gobierno del estado 50 millones de metros cúbicos del recurso para la construcción del acueducto, lo que desde entonces había mantenido en protesta a la etnia.
“El gobernador de Sonora firmó el convenio y acató las cláusulas que manifiestan que no puede seguir robando el agua que le corresponde a la Tribu Yaqui, como debió haber hecho hace más de tres años”, dijo Mario Luna, secretario del poblado de Vicam, perteneciente a la tribu.
En el acuerdo se establece que la operación del Acueducto —que tras su construcción fue puesto en marcha en abril pasado bajo la fase de prueba— ya no está en manos del estado, sino de la Comisión Nacional del Agua.
El documento también compromete a dar cumplimiento a la orden de mayo pasado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de realizar una consulta entre la etnia porque con la Autorización de Impacto Ambiental del acueducto que autorizó Semarnat en 2010 fueron violados sus derechos a la información y participación de pueblos indígenas en la construcción de obras de infraestructura que afecten sus derechos naturales y territorio.
Esa orden había sido ignorada, por lo que un juez de distrito de Sonora sancionó a la Semarnat a finales del año pasado.
La extracción de agua, para consumo humano
Otro punto que las autoridades de la etnia yaqui destacan del convenio firmado en Gobernación el pasado martes es que, de ahora en adelante, el agua que se extraiga por las operaciones del Acueducto Independencia será sólo para consumo humano y “obedecerá únicamente a necesidades reales y de emergencia de la ciudad de Hermosillo y no afectará de manera alguna los volúmenes de agua decretados a la tribu”.
La secretaría de Gobernación deberá entregar en los próximo días un manual de supervisión de abastecimiento de agua para vigilar que se respeten tanto los volúmenes autorizados como el uso del recurso.
Gracias a este convenio, la Tribu Yaqui levantará el bloqueo que mantiene desde el año pasado en la carretera federal 15 México-Nogales que cruza por el poblado de Vicam.
“El Convenio representa un avance siempre y cuando se cumpla por la federación y se respeten los derechos de agua de la Tribu Yaqui”, dijo Mario Luna.
El gobierno federal también se comprometió a que a través de Conagua se analizarán alternativas hídricas en la región que no generen conflictos entre la población


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