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Incumple gobierno federal pacto político con la tribu Yaqui
29 de Enero, 2014
La tribu Yaqui califica de simulación por parte de Conagua el convenio suscrito con el gobierno estatal y el municipio de Hermosillo, pues se seguirán extrayendo cantidades de agua que afectan su supervivencia.
A dos días de que la Tribu Yaqui firmara un convenio con la Federación para buscar una solución al conflicto del Acueducto Independencia en Sonora, el gobierno federal, a través, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), es quien rompe el acuerdo político.
Así lo considera la tribu Yaqui al señalar el incumplimiento de las condiciones pactadas para el reparto de agua.
En primer lugar, se informa a través de un comunicado, en el Convenio del 21 de enero se estipuló que la extracción de agua sería para consumo humano de la ciudad de Hermosillo y obedeciendo "únicamente a necesidades reales y de emergencia de la ciudad".
Sin embargo, en el Convenio del 23 de enero, suscrito entre la Conagua, el gobierno de Sonora y el ayuntamiento de Hermosillo; se amplía el concepto al referirse no sólo a la ciudad de Hermosillo, sino al municipio de Hermosillo, lo cual aumenta discrecionalmente el alcance del acuerdo original.
Además, el Convenio del 21 de enero establece que la extracción de agua que se autorice para la ciudad de Hermosillo estará sujeta a "criterios técnicos y legales". A pesar de ello, en el Convenio del 23 de enero Conagua, el gobierno de Sonora y el ayuntamiento de Hermosillo, se acordó que "el volumen mínimo garantizado al Municipio, de acuerdo a sus necesidades y en virtud de no existir otras fuentes de abastecimiento, será de 30 millones de metros cúbicos anuales".
Esto, destaca la tribu Yaqui, no se apega, en ningún sentido, al acuerdo político, en el sentido de que extracción sería únicamente en caso de emergencia, además de que no se ha entregado a la Tribu Yaqui ningún estudio técnico que acredite por qué se determinó dicha cantidad.
Uno de los temas medulares que dio origen al conflicto por el agua en Sonora es que no se ha permitido conocer a la Tribu Yaqui las cantidades que están siendo extraídas para desviar a la ciudad de Hermosillo a través del Acueducto.
Es por ello, que la tribu considera que la autoridad no puede fijar montos de extracción de forma discrecional, como pretende hacerlo en el Convenio del 23 de enero.
Ante este panorama, la Tribu Yaqui exige que dicha información se transparente, y que se pueda contar con datos fidedignos para ser analizados durante el proceso de consulta que se llevará a cabo.
Siguiendo con el Convenio firmado, el 21 de enero, también quedó estableció que se determinaría "la forma de supervisión y participación de los distritos de riego e integrantes designados por la Tribu Yaqui para el cumplimiento correcto de la cuenca del Río Yaqui".
A pesar de esto, sin tomar en cuenta a la Tribu, el Convenio del 23 los relega a un papel de "terceros interesados" y limita su participación, condicionándolos a acreditar el daño que genera la extracción del agua para poder participar en la verificación en el lugar de la extracción y a hacerlo a través de un "comité hidráulico", proceso que tienen que realizar con 15 días de anticipación y avisando previamente a la Conagua.
Lo anterior, destaca el comunicado, implica una restricción a los derechos de la Tribu Yaqui de supervisar la utilización adecuada de la cuenca del Río Yaqui.
Asimismo, el Convenio del 21 establecía que el gobierno se comprometía a buscar y analizar alternativas hídricas sustentables que no generaran conflictos.
Sin embargo, la Conagua, el gobierno de Sonora y el ayuntamiento de Hermosillo sólo señalan que no existen otras fuentes de abastecimiento, con lo que además de boicotear el acuerdo firmado en Gobernación, queda clara la postura del gobierno de no buscar alternativas ni opciones viables y factibles para resolver el problema que aqueja a la Tribu Yaqui.
Mario Luna, secretario de la autoridad tradicional del pueblo de Vícam, señaló que, "la Tribu Yaqui califica de una simulación el Convenio firmado el 21 de enero por el gobierno federal, pues en los hechos no se han respetado los derechos adquiridos que la Tribu tiene sobre el Río Yaqui desde 1940".
"Cuando firmamos el convenio con la Federación dejamos muy claro que estábamos dando un voto de confianza al gobierno mexicano, después de haber sido traicionados por el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés y que el retiro del bloqueo estaba condicionado a que el gobierno cumpliera su palabra. Dado que no la ha cumplido, tendremos que analizar también las acciones a tomar con relación al bloqueo a la carretera México-Nogales", agregó.
Cabe señalar que el convenio firmado era válido hasta que finalizara la consulta en la que se decidiría si se quiere o no la mega obra hídrica. El resto de recursos que utilizan en defensa del río seguirán su curso.
Luna externó su preocupación de que ahora sea el gobierno federal quien rompe el pacto político con la Tribu Yaqui, pues esto agota los canales institucionales de comunicación que se habían mantenido hasta el momento.
jgam
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Así lo considera la tribu Yaqui al señalar el incumplimiento de las condiciones pactadas para el reparto de agua.
En primer lugar, se informa a través de un comunicado, en el Convenio del 21 de enero se estipuló que la extracción de agua sería para consumo humano de la ciudad de Hermosillo y obedeciendo "únicamente a necesidades reales y de emergencia de la ciudad".
Sin embargo, en el Convenio del 23 de enero, suscrito entre la Conagua, el gobierno de Sonora y el ayuntamiento de Hermosillo; se amplía el concepto al referirse no sólo a la ciudad de Hermosillo, sino al municipio de Hermosillo, lo cual aumenta discrecionalmente el alcance del acuerdo original.
Además, el Convenio del 21 de enero establece que la extracción de agua que se autorice para la ciudad de Hermosillo estará sujeta a "criterios técnicos y legales". A pesar de ello, en el Convenio del 23 de enero Conagua, el gobierno de Sonora y el ayuntamiento de Hermosillo, se acordó que "el volumen mínimo garantizado al Municipio, de acuerdo a sus necesidades y en virtud de no existir otras fuentes de abastecimiento, será de 30 millones de metros cúbicos anuales".
Esto, destaca la tribu Yaqui, no se apega, en ningún sentido, al acuerdo político, en el sentido de que extracción sería únicamente en caso de emergencia, además de que no se ha entregado a la Tribu Yaqui ningún estudio técnico que acredite por qué se determinó dicha cantidad.
Uno de los temas medulares que dio origen al conflicto por el agua en Sonora es que no se ha permitido conocer a la Tribu Yaqui las cantidades que están siendo extraídas para desviar a la ciudad de Hermosillo a través del Acueducto.
Es por ello, que la tribu considera que la autoridad no puede fijar montos de extracción de forma discrecional, como pretende hacerlo en el Convenio del 23 de enero.
Ante este panorama, la Tribu Yaqui exige que dicha información se transparente, y que se pueda contar con datos fidedignos para ser analizados durante el proceso de consulta que se llevará a cabo.
Siguiendo con el Convenio firmado, el 21 de enero, también quedó estableció que se determinaría "la forma de supervisión y participación de los distritos de riego e integrantes designados por la Tribu Yaqui para el cumplimiento correcto de la cuenca del Río Yaqui".
A pesar de esto, sin tomar en cuenta a la Tribu, el Convenio del 23 los relega a un papel de "terceros interesados" y limita su participación, condicionándolos a acreditar el daño que genera la extracción del agua para poder participar en la verificación en el lugar de la extracción y a hacerlo a través de un "comité hidráulico", proceso que tienen que realizar con 15 días de anticipación y avisando previamente a la Conagua.
Lo anterior, destaca el comunicado, implica una restricción a los derechos de la Tribu Yaqui de supervisar la utilización adecuada de la cuenca del Río Yaqui.
Asimismo, el Convenio del 21 establecía que el gobierno se comprometía a buscar y analizar alternativas hídricas sustentables que no generaran conflictos.
Sin embargo, la Conagua, el gobierno de Sonora y el ayuntamiento de Hermosillo sólo señalan que no existen otras fuentes de abastecimiento, con lo que además de boicotear el acuerdo firmado en Gobernación, queda clara la postura del gobierno de no buscar alternativas ni opciones viables y factibles para resolver el problema que aqueja a la Tribu Yaqui.
Mario Luna, secretario de la autoridad tradicional del pueblo de Vícam, señaló que, "la Tribu Yaqui califica de una simulación el Convenio firmado el 21 de enero por el gobierno federal, pues en los hechos no se han respetado los derechos adquiridos que la Tribu tiene sobre el Río Yaqui desde 1940".
"Cuando firmamos el convenio con la Federación dejamos muy claro que estábamos dando un voto de confianza al gobierno mexicano, después de haber sido traicionados por el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés y que el retiro del bloqueo estaba condicionado a que el gobierno cumpliera su palabra. Dado que no la ha cumplido, tendremos que analizar también las acciones a tomar con relación al bloqueo a la carretera México-Nogales", agregó.
Cabe señalar que el convenio firmado era válido hasta que finalizara la consulta en la que se decidiría si se quiere o no la mega obra hídrica. El resto de recursos que utilizan en defensa del río seguirán su curso.
Luna externó su preocupación de que ahora sea el gobierno federal quien rompe el pacto político con la Tribu Yaqui, pues esto agota los canales institucionales de comunicación que se habían mantenido hasta el momento.
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