De los Diputados Carlos de Jesús Alejandro y Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
| Segundo Receso Comisión Permanente Miércoles, 10 de Julio de 2013 Gaceta: 19 |
PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES
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De los Diputados Carlos de Jesús Alejandro y Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la Federación y al titular del Poder Ejecutivo del estado de Sonora a solucionar el conflicto que enfrenta la tribu yaqui por el aprovechamiento del agua.
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SE TURNÓ A LA TERCERA COMISIÓN. | ||||
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE SE EXHORTAAL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN, A TRAVES DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, A UN MESA DE DIALOGO CONSTRUCTIVO PARA BUSCAR SOLUCIONAR EL CONFLICTO QUE ENFRENTA LA TRIBU YAQUI POR EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA
HONORABLE ASAMBLEA Los suscritos Diputados por la LXII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Carlos de Jesús Alejandro y Aleida Alavez Ruiz, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de motivos
Desde hace décadas la Tribu Yaqui de Sonora, ha venido denunciando, el saqueo indiscriminado de sus recursos naturales, entre ellos, el vital líquido como lo es el agua.El pueblo yaqui y sus comunidades han denunciado la violación de sus derechos humanos, como es el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para Pueblos Indígenas y Tribalestoda vez que sin la participación de la Tribu, el gobierno de Sonora ha decidido invadir su territorio y aprovechar los recursos hídricos del pueblo yaqui, al pretender construir un acueducto llamado Independencia del Valle del Yaqui a la ciudad de Hermosillo, Sonora, hecho que los motivó acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que después el máximo tribunal dejó insubsistente para todo efecto legal, la autorización dela manifestación de impacto ambiental que la SEMARNAT, fallo que favorece la tribu yaqui, además que se pronunció sobre la no consulta y el impacto ambiental para la construcción del la megaobra hidráulica “Acueducto Independencia” de 145 km; recursos tales que pertenecen a la Tribu Yaqui hasta en un 50 por ciento. Cabe recordar que el Acueducto Independencia está siendo construido en desacato de órdenes judiciales que suspenden la construcción debido a la demanda interpuesta ante el Poder Judicial de la Federación por un grupo de agricultores del sur de Sonora, por haber incurrido enirregularidades en el procedimiento de otorgamiento de los permisos administrativos.1 Por estos hechos, desde hace algunos días, integrantes de la tribu yaqui y del movimiento No al Novillo están manifestándose en la carretera federal entre Ciudad Obregón y Nogales, Sonora; para exigir el cumplimiento de las órdenes judiciales y de la reciente resolución 631/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que les ha favorecido. Es importante recordar que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su Recomendación 37/2012 del año pasado sobre el caso, apuntó directamente al gobierno del estado de Sonora señalando —además de las violaciones de derechos humanos que éste había cometido—, la necesidad de que:
“… en el diseño de sus estrategias para resolver la problemática sobre el acceso al agua en la citada entidad federativa, efectivamente garantice que todos tengan acceso al recurso sin importar la región en la que vivan; y también sin que se genere la percepción de que se está privilegiando a una zona sobre la otra.” 2
Cabe mencionar que, en la misma recomendación, en relación con la implementación de políticas de desarrollo, la CNDH recuerda que:
“… es necesario que se identifiquen los obstáculos políticos, económicos e institucionales; es decir, aquellas barreras y razones estructurales que impidan el desarrollo social, así como las fuentes de conflicto existentes, escuchando a la gente, proporcionándoles un trato digno a fin de prestar la atención necesaria a las alertas tempranas (manifestaciones públicas que se pueden tornar violentas) e identificar soluciones efectivas, incluyendo mecanismos para mediar la falta de acuerdo y con ello evitar que se genere violencia, a escala micro o macro, lo cual finalmente conlleva altos costos humanos y económicos.”3
No obstante de la polarización y tensa situación que se ha ido creando, resulta aún grave y preocupante que en lugar de resolver un conflicto social, el Procurador General de Justicia del Estado, Navarro, recurra a la criminalización dando trámite a una averiguación previa en contra de Mario Luna y Tomás Rojo, traductor y secretario respectivamente de la Mesa Tradicional de Autoridades Yaquis.Mario Luna y Tomas Rojo han sido facilitadores y portavoces para favorecer el diálogo entre la Tribu y el gobierno de Sonora, así como fungir como represetnates ante la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quién confirmó la sentencia del Juzgado de Distrito que ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) dejar sin efecto la autorización de impacto ambiental del Acueducto Independencia por haber sido emitida violando los derechos a la consulta y a la información de la Tribu Yaqui. No debemos dejar de señalar que como lo ha denunciadola Tribu Yaqui en desplegados públicos que ya han transcurrido casi tres años desde que el Poder Judicial Federal ordenó que no se construyera el Acueducto Independencia en el estado de Sonora y, no obstante ello, esa obra que consideran ilegal en la que se han derrochado miles de millones de pesos de recursos públicos, en su mayoría federales, no solo se construyó sino que se encuentra ya en operación, sin que hayan sido investigados los escandalosos actos de corrupción, de soborno y probable lavado de dinero sin que los responsables hayan sido investigados y mucho menos castigados. También han denunciado que han pasado más de dos meses desde la fecha en que el Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, ha venido violando las suspensiones definitivas y firmes decretadas por el Poder Judicial Federal, y que por el contrariocomenzó a extraer agua de la Presa Plutarco Elías Calles “El Novillo” para llevarla, a través del Acueducto Independencia a un reservorio en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Tampoco se han considerado siquiera el gravísimo y negativo impacto ecológico y ambiental en la Cuenca del Río Yaqui y en la desembocadura al mar de dicho río, tanto que ni la SEMARNAT, ni la PROFEPA, han actuado para impedir que los perjuicios ecológicos y ambientales, que la ilegal operación de dicho acueducto producen, dejen de generarse, no obstante la clara responsabilidad legal que tienen para hacerlo. Por otra parte la PGR de la administración federal anterior consignó por desacato a Enrique Martínez Preciado, Director de la Comisión Estatal del Agua de Sonora y Coordinador General del Fondo de Operación de Obras Sonora SI (FOOSSI), quien fue condenado por un juez federal a un año de prisión y a inhabilitación para ejercer un cargo público; sin embargo, sigue desempeñando dicho puesto, en tanto que los demás integrantes del Consejo Directivo del FOOSSI, entre quienes se encuentran el propio Gobernador de Sonora y varios de sus funcionarios, quienes cometieron el mismo delito, continúan impunes ante la omisión de la PGR de la administración federal pasada. Además la Comisión Nacional del Agua CONAGUA ha podido constatar, no solo las múltiples deficiencias técnicas en que se incurrió en la construcción del Acueducto Independencia, sino que además ha confirmado la instalación en dicho acueducto de 277 tomas y preparaciones para ordeñarlo y beneficiar, con el agua que conduce, a ranchos vecinos propiedad de conocidos ganaderos y empresarios de la capital sonorense, amigos del Gobernador Guillermo Padrés Elías, lo cual constituye una prueba más de que es falso que el mencionado acueducto se haya construido solo para aliviar la sed de los habitantes de Hermosillo. Dicho acueducto tiene además fugas que desde su puesta en operación permiten el derrame de miles de metros cúbicos de agua diarios que ya han formado arroyos en los ranchos vecinos, y ni CONAGUAni autoridad alguna han tomado cartas en el asunto para evitarlo. Durante los últimos tres años, se han abierto al cultivo de uva y nogal más de 3,000 hectáreas ubicadas al norte de Hermosillo, para ser regadas con agua de pozos que bien podrían satisfacer las necesidades de agua para consumo humano de la ciudad. Podemos decir que ahora el Pueblo y las Comunidades de la Tribu Yaqui, además de habitantes de unos 30 mil habitantes del Valle del Yaqui, protesta que se han sumado por lo menos 6 Alcaldes municipales para detener a lo que consideran el robo de aguas nacionales vía el Acueducto Independencia, y por lo mismo tienen ya varios días manifestándose en la carretera federal que cruza su valle sin que tengan alguna respuesta. Esta denuncia y solicitud de intervención la han hecho pública al propio Titular del Poder Ejecutivo, a través de algunos medios nacionales, para pedirle su intervención porque ahora están cansados y desesperados porque han sido desatendidas sus denuncias y demandas.También le han recordado al Ejecutivo que hubo un compromiso público de campaña en Ciudad Obregón, Sonora en el sentidode que respetaría y haría cumplir la ley en el tema del Acueducto Independencia, y que el problema del agua de la ciudad de Hermosillo sería resuelto sin afectar los derechos de los productores y habitantes del Valle del Yaqui, legítimos y únicosbeneficiarios junto con la Tribu Yaqui de los recursos hídricos de la Cuenca del Río Yaqui que almacena la Presa El Novillo. Por último, y de conformidad con el último párrafo del inciso del artículo 102 de nuestra Constitución Política, someto a esta soberanía la siguiente:
Proposición con punto de acuerdo
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso der la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que en uso de las facultades que le confiere nuestra Carta Magna, y a través de las diversas Secretarias del gobierno federal, como la SEMART, CONAGUA, PGR, SEMAREN;a que cumplan con las diversas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictadas a favor de la Tribu Yaqui de Sonora, y velar por el cumplimiento de irrestricto de diversas disposiciones de Pactos y Convenios Internacionales de Derechos Humanos que favorecen a los pueblos indígenas de nuestro país, en relación con el aprovechamiento de sus propios recursos hídricos, y contribuir así, a detener la escalada de conflicto entre el gobierno de Sonora y la Tribu Yaqui.SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Sonora a detener la puesta en marcha del Acueducto Independencia, en virtud que, afecta sensiblemente al pueblo indígena de la Tribu Yaqui, donde 56 localidades no tienen acceso al agua potable y que se opone a la explotación irracional de sus recursos hídricos de sus tierras ancestrales.
Suscriben,
DIP. CARLOS DE JESÚS ALEJANDRO
DIP. ALEIDA ALAVEZ RUIZ
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 10 días del mes de julio del año dos mil trece
2 CNDH, Recomendación 37/2012, par. 99 3 CNDH, Recomendación 37/2012, par. 90 |
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