| Aprietan el cerco en torno a Padrés diputados federales |  |  |
| Escrito por Redacción |
| Viernes 26 de Julio de 2013 13:23 |
| PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A GARANTIZAR QUE EL GOBIERNO DE SONORA SE CONDUZCA EN LOS CAUCES DE LA LEGALIDAD Y APEGO AL DERECHO RESPECTO DE ACTOS RELACIONADOS CON LA PRESA PLUTARCO ELÍAS CALLES, CONOCIDA COMO “EL NOVILLO”. Los que suscriben, Diputados de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 58 Y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente el presente Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a diversas autoridades a garantizar que el gobierno de Sonora se conduzca en los cauces de la legalidad y apego al derecho respecto de actos relacionados con la presa Plutarco Elías Calles, conocida como “El Novillo”, al tenor de los siguientes: ANTECEDENTES La escasez del agua ha sido un problema que siempre ha aquejado a al estado de Sonora, por lo que la presa “El Novillo” y la Cuenca del Río Yaqui han jugado un rol central en la materia por su trascendencia en la disponibilidad del vital líquido tanto para consumo humano como para producción agrícola, así como para el desarrollo económico y social del sur de esta Entidad. El hoy señor gobernador de Sonora Guillermo Padrés, prometió durante su campaña una y otra vez que no dispondría del agua de la presa pues ésta es vital para el suministro de este recurso hídrico para el desarrollo y vida los habitantes del sur de la entidad. Sus dichos no fueron congruentes con su actuar. El gobernador Padrés desde que asumió su cargo en el año dos mil nueve siempre se vanaglorió de haberse acercado a diversos especialistas en el tema para tomar la mejor decisión para suministrar agua a Hermosillo. El acercamiento fue fútil pues el gobernador decidió ignorar los diagnósticos y recomendaciones, que optaban por una desalinizadora de agua, por ser la única forma de generar más agua para el consumo, frente a dividir la ya disponible y generar confrontación y desabasto. El proyecto que se pretendió llevar a cabo fue uno muy distinto denominado "Sonora SI, Sistema Integral”, presentado en su página electrónica, sin actualizaciones desde 2010, como una magna obra de ingeniería, inteligente, innovadora y visionaria, siendo la suma de ideas, experiencias y esfuerzos de todos los tiempos, estableciendo que su misión sería la de administrar los recursos hídricos del estado de Sonora, pero de todas las obras planteadas ninguna tiene un avance significativo, al único proyecto que se le ha puesto interés es al Acueducto Independencia. Dicho acueducto se construyó para trasvasar el agua de la Cuenca del Río Yaqui, específicamente la que se encuentra disponible en la presa “El Novillo”, hacia el Río Sonora para abastecer así a Hermosillo. “El Novillo” fue la tercera presa localizada en el Río Yaqui, después de la Angostura y Oviáchic, localizadas al norte y sur respectivamente de “El Novillo”, misma que se traduce al día de hoy como una obra y recurso de desarrollo fundamental para los más de un millón de habitantes sonorenses del sur de la entidad, pues es esta una región preponderantemente agrícola, donde se producen dos terceras partes de toda la harina de trigo que se consume en todo el territorio, viviendo el ochenta y cinco por ciento de su población de esta actividad productiva. El Distrito de Riego del Río Yaqui, integrado por cerca de veintitrés mil usuarios dedicados todos a actividades agropecuarias, es y ha sido uno de los que más echan mano de la innovación no sólo a nivel nacional sino a escala global en lo que se refiere a la gestión del agua. No se trata de un berrinche, avaricia, codicia ni voracidad, el conflicto no se constriñe a unos cuantos como lo ha querido plasmar el gobierno de Sonora, esta causa ha unido por primera vez al sector productivo del sur de la entidad, así como a los ejidatarios, grupos étnicos, colonos, clase política y ciudadanía en general para congregarse bajo una consigna que ponga alto a la irresponsabilidad, abuso y negligencia del gobernador Guillermo Padrés: No al Novillo Los sonorenses están hartos del saqueo de Padrés, de su desvergüenza y de su cinismo, ratificado con su constante violación a los mandatos judiciales, y sus omisiones con respecto a las resoluciones de los diversos órganos jurisdiccionales federales le ha generado tres controversias constitucionales y tres amparos en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de expediente C.C. 94/2012, C.C. 109/2012, C.C. 66/2013, A.R. 268/2013, A.R. 269/2013, y A.R. 631/2012, teniendo todos estos casos como litis al Acueducto Independencia y el trasvase de la presa conocida como “El Novillo”. Al llevar a cabo esta obra el gobernador Padrés cometió un grave ataque al Estado de Derecho. Padrés desacató resoluciones y sentencias de jueces federales, tribunales agrarios y la CNDH que concedían o exhortaban a la suspensión de los trabajos del acueducto en cuestión, interpuestos tanto por productores como por agrupaciones ciudadanas. En este sentido, desde el cinco de octubre del dos mil once, la agrupación ciudadana “Movimiento Ciudadano por el Agua”, también conocido como “No al Novillo”, solicitó un juicio político contra el gobernador de Sonora por el trasvase de las aguas de la Cuenca del Río Yaqui al río Sonora, decisión que lo ha llevado a cometer violaciones graves a la Constitución que atentan contra las garantías individuales y sociales; por atentar contra el desarrollo de una región en la que radican más de un millón de habitantes, violación al marco jurídico que comprende a la Ley de Amparo, la Ley Federal de Aguas Nacionales, así como el menoscabo al derecho de audiencia y representación a la Tribu Yaqui, así como uso indebido de recursos federales y estatales en la ilegal construcción del llamado Acueducto Independencia. Padrés obvió trámites indispensables para el trasvase ante CONAGUA, como lo declaró su director general, David Korenfeld, en una reunión celebrada en abril en la Cámara de Diputados pues el gobierno de Sonora jamás presentó una solicitud para el trasvase a la Comisión la cual es indispensable para llevar a cabo dicha operación. Padrés ignoró al Pueblo Yaqui en virtud de que la operación del acueducto que trasvasa agua del río Yaqui al Sonora, a pesar de la suspensión dictada por la juez octava de distrito de Sonora, afecta a la comunidad, la cual tiene los derechos de agua de la presa “La Angostura”, que se ubica al norte de “El Novillo” y por tanto abastece, por decreto presidencial del treinta de septiembre de mil novecientos cuarenta. Con esa agua los yaquis riegan sus tierras. Ninguno de los procedimientos cumplió con los requisitos legales de información y el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas que poseen derechos sobre los recursos naturales. Por ello, el Pueblo Yaqui solicitó y obtuvo el amparo y protección de la justicia federal. Por lo anterior expuesto, 60 diputados de esta LXII Legislatura presentaron una nueva solicitud de Juicio Político argumentandoviolaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Leyes que de ella emanan, usurpación de funciones exclusivas del Ejecutivo Federal y violaciones claras y sistemáticas de las garantías individuales y sociales de los habitantes del sur de Sonora. El gobernador de Sonora debe asumir una actitud responsable y debe tomar en cuenta que existen muchas otras opciones más para suministrar agua al pueblo de Sonora, en particular a Hermosillo, no se puede abastecer a unos privando del agua a otros. La controversia no sólo subiste en los puntos antes señalados sino que se agregan las irregularidades detectadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado sobre la compra de los derechos de agua de los municipios de Huásabas y Granados No obstante que el informe del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Sonora se limita hacer una relatoría de hechos, conviene destacar de estos, lo siguiente: *Que no hubo partida presupuestal para adquirir los derechos de agua de Huásabas y Granados en el ejercicio fiscal correspondiente al dos mil diez. *Que los convenios para la adquisición de los derechos de agua fueron celebrados del cuatro al siete de mayo del dos mil diez, con personas físicas, y no con las Unidades de Riego titulares de los títulos de concesión que se extinguieron. *Que la reasignación de recursos no presupuestados se dio a partir del veintiuno de junio del dos mil diez y fecha posterior a la firma de los convenios de cesión de derechos. *Que la reasignación de recursos fueron excedentes del Fideicomiso Plan Sonora Proyecta. *Que la deuda que se asumió a cargo de la Comisión Estatal del Agua de Sonora por un monto de aproximado de treinta y cinco millones de pesos anuales será pagadera por tiempo indefinido. *Que no se obtuvo autorización del Congreso del Estado de Sonora para efectuar el pago, ni para asumir el pasivo, el cual, a la fecha, no se encuentra registrado en la contabilidad de la Comisión Estatal del Agua de Sonora. Abonando a lo anterior, las suspensiones referidas anteriormente, y desacatadas, dictaban que el gobierno se Sonora no estaba en posición de emitir fallos en el proceso de licitación de la obra Acueducto Independencia, sin embargo, el gobierno sonorense, omiso de la división de poderes y de la legalidad, emitió un fallo para adjudicar la obra a un consorcio de 16 empresas sonorenses agrupadas bajo el nombre de Exploraciones Mineras del Desierto, S.A. de C.V., inclusive cuando en la licitación participaron empresas de prestigio con mucho más experiencia en proyectos de infraestructura, como la Constructora Makro, de Tijuana, e Ingenieros Civiles y Asociados, no obstante que la cotización de éstas fue de aproximadamente quinientos millones de pesos por abajo de lo que propuso Exploraciones Mineras. No obstante el generalizado repudio a la estrategia del gobernador Padrés este se empeña en emprender una burda defensa ante la estrepitosa caída de la valoración de su irregular gestión, en línea se ha difundido parte de un programa denominado “Estrategia: Agua S.O.S.” elaborado por el PAN y el gobierno de Sonora para tratar de reforzar la defensa mediática del acueducto, buscar detener la caída del Partido Acción Nacional y del gobernador Guillermo Padrés, así como afectar el ascenso del Partido Revolucionario Institucional en las preferencias electorales de la ciudadanía y a sus principales actores de ese partido. En esa estrategia se propone el empleo de “voces acreditadas de la sociedad no vinculadas al PAN o al Gobierno”, nombrando a Jorge Cons, Pepe Victorín, Servando Carbajal, Benjamín Aguilar, Arturo Díaz Monge, Juan Fernando Healy, Saúl Rojo, Julio Luebbert Mazón y Mágalo Figueroa, incluso algunos de los mencionados integran la recién creada Asociación Unidos por el Agua, y otros son proveedores del gobierno estatal de Sonora. En el documento se detalla que con dichos personajes se promueva un movimiento ciudadano para legitimar el discurso y el actuar del gobernador. En el mismo se plantea que el ayuntamiento de Hermosillo promueva amparos simulados para la defensa del agua, la activación de organizaciones civiles reconocidas por los ciudadanos, la instalación de un “call center” para realizar llamadas telefónicas con encuestas sobre el agua, sobre las virtudes del gobernador Padrés y sobre personajes del Partido Revolucionario Institucional a los cuales busca crearles una imagen de traidores a Hermosillo, en el mismo sentido se plantea una estrategia de medios, redes sociales y de detección y publicación de llamadas de priístas, lo que hace suponer la existencia de un aparato de espionaje al interior del gobierno sonorense. Concluyendo, la zona productiva del sur de Sonora es una región que comprende siete municipios: Empalme, Cajeme, Bácum, Navojoa, Guaymas, Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto. En total, viven ahí más de novecientas mil personas. El trasvase de agua afecta a casi veintitrés mil productores agrícola, considerando que dicho número podría incrementar dramáticamente si se presentase una sequía en la región. Debe señalarse que alrededor del cuarenta por ciento del agua que se distribuye en Hermosillo no es administrada con medidores y el desperdicio es sensible, Padrés tenía opciones en Hermosillo más allá de dejar en el desabasto al sur de Sonora, ya que si fueran arregladas todas las fugas de agua en la ciudad, se dejarían de desperdiciar cincuenta millones de metros cúbicos al año, cifra que representa dos terceras partes de la cantidad de agua que trasvasaría el Acueducto Independencia de la presa “El Novillo”: setenta y cinco millones de metros cúbicos anuales. El gran reclamo de los habitantes del sur de Sonora y del Pueblo Yaqui no es en contra de la gente de Hermosillo, sino es que ellos han invertido en cuidar el agua que por decreto les ha sido asignada, en sofisticar su sistema de riego y en infraestructura, al respecto vale la pena recordar que en el año dos mil tres, ante una de las sequías más devastadoras de los últimos años, los sonorenses de la zona reaccionaron de manera inédita invirtiendo su propio dinero en proyectos que ayudaran a subsanar el problema solicitando un crédito para perforar trescientos pozos y, además, instalar una subestación de la Comisión Federal de Electricidad con un costo de cincuenta millones de pesos. En el sur la gente no espera a que el gobierno le dé por tanto debemos entender su encono cuando se les quita. El sur de Sonora tiene un ciclo que ha sido ya muy estudiado, alrededor de cada quince años sobreviene una sequía, si se les quitan setenta y cinco millones de metros cúbicos de agua cada año, las sequías podrían ser más frecuentes. Hoy, la gobernanza de los recursos hídricos, exige una revisión profunda, seria y objetiva para resolver problemas locales y regionales, respetando siempre los principios de unidad y equidad. Estamos convencidos de que la naturaleza de la democracia es el dialogo, la negociación y el logro de acuerdos para impulsar las obras de infraestructura necesarias, así como las reformas y las políticas públicas que atiendan las necesidades de México y de los mexicanos. Estamos seguros de que un actuar del gobierno responsable y en los cauces de la legalidad impulsa paralelamente a las áreas sociales y económicas, privilegia el entendimiento y evita el conflicto. En el Grupo Parlamentario del PRI, asumimos plenamente que la realidad actual y sus procesos, exige diversas acciones que propicie los consensos necesarios que, permitan conjuntamente con la sociedad, dirigir y dar rumbo a proyectos de desarrollo económico y social que se circunscriban en un gran proyecto nacional que tenga su asiento en un nuevo pacto social oyendo y atendiendo siempre a todas las partes. El crecimiento económico está directamente vinculado con la promoción de un desarrollo justo y equitativo y por una clara articulación de la política económica con la política social para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos. Bajo el anterior orden de ideas, tenemos que empezar por reconocer que en nuestros días, los problemas del agua deben ser un asunto de la más alta prioridad. Las decisiones que se tomen en torno al agua, deben entenderse como procesos y comportamientos que influyen en el ejercicio del poder que requieren la inclusión en la toma de decisiones de todos los agentes implicados. Por lo tanto, la legalidad, la transparencia, la apertura, la participación, la corresponsabilidad, la eficacia y la coherencia en la toma de decisiones en estos momentos, resulta fundamental. No olvidemos además que, la gestión equitativa y eficaz de los recursos hídricos, son una condición para reducir la pobreza y detonar el desarrollo, si privamos de agua a las comunidades también los privamos del crecimiento y la bonaza, por lo cual debemos repudiarlas acciones irresponsables, negligentes, simplonas e ilegales del gobernador Padrés que lo único que han hecho es polarizar a la sociedad sonorense por un afán personal ilegítimo. Se trata de una cuestión de dignidad, justicia social e igualdad sustantiva. Ante lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: PUNTO DE ACUERDO PRIMERO.- Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, para que audite y fiscalice el manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, empleados en la construcción del Acueducto Independencia durante los ejercicios fiscales correspondientes a los años dos mil diez y dos mil once. SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, para que revise e investigue que las acciones del gobierno de Sonora respecto de la compra de los derechos de agua de los municipios de Huásabas y Granados; el proceso de licitación de la obra Acueducto Independencia y la campaña de promoción personal del gobernador Padrés denominado “Estrategia: Agua S.O.S.”, se hayan realizado con pleno apego al establecido en la ley y se encuentren plenamente apegadas a Derecho. TERCERO.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que dé cauce a las averiguaciones previas por el delito de desacato, en contra de funcionarios del gobierno del estado de Sonora desde el año dos mil diez, e inicie Juicio de Procedencia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra del gobernador Guillermo Padrés Elías. CUARTO.- Se exhorta al gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, a presentar la información probatoria que acredite que se consultó con oportunidad y transparencia al Pueblo Yaqui y a la población general del sur de Sonora respecto a las obras del Acueducto Independencia, así como las pruebas documentales que acrediten la anuencia de los pueblos indígenas y de la ciudadanía sonorense afectada por el proyecto descrito en el cuerpo de la presente proposición. QUINTO.- Se exhorta al gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, a que asuma con responsabilidad la problemática que las acciones de su gobierno han generado respecto al abastecimiento del agua en la entidad, así como a conducirse con apego a la legalidad, orientando su actuación bajo criterios de equidad, sostenibilidad, respeto al pluriculturalismo y a los derechos de todas y todos los ciudadanos, privilegiando en todo momento el diálogo y consenso. ATENTAMENTE DIPUTADOS FEDERALES POR SONORA FLOR AYALA ROBLES LINARES MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA FAUSTINO FELIX CHAVEZ ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ |
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