Justicia diferenciada Escrito por Samuel Valenzuela Viernes 06 de Septiembre de 2013 16:23

Justicia diferenciada

Escrito por Samuel Valenzuela

Viernes 06 de Septiembre de 2013 16:23

Resulta chocante el que se advierta tanta diferencia en el trato que diversas instancias del gobierno federal le dan a resolutivos de juzgados y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose del tortuoso litigio por la ilegal construcción y operación del acueducto El Novillo. Por lo regular siempre sujetos a caprichosas interpretaciones y a conveniencia de los intereses del corrupto gobierno de Guillermo Padrés, los varios juicios ya ganados por la sociedad civil del sur de Sonora y de la tribu Yaqui no han surtido efecto en el fondo del reclamo como lo es primero la suspensión de la construcción del acueducto y luego la suspensión del trasvase. Esa laxitud en la aplicación de la norma jurídica e inafectabilidad judicial a pesar de que en juzgados se ha dado la razón al reclamo de los novilleros, contrasta con la estricta posición con la que se pretende cumplir con la aclaración de sentencia sobre el amparo concedido a yaquis porque no se les tomó en cuenta para autorizar el Manifiesto de Impacto Ambiental, proceso que fue anunciado en rueda de prensa el pasado jueves. Y contrasta la determinante postura del delegado de gobernación, Adolfo García Morales de no ir más allá de lo que establece el resolutivo de la corte, con la voluntad interpretativa que hace gala por ejemplo el titular de Conagua, David Korenfeld y que tiene que apechugar acá en Sonora César Lagarda, gerente de cuenca Noroeste, entre otros responsables que se tienen que someter a pactos extrajudiciales en lugar de aplicar la ley o ir a los efectos de los actos reclamados por los novilleros y que la corte ya les dio la razón o sea suspender el trasvase. Es obvio que lo estricto en la interpretación de la ley es para los ciudadanos insurrectos en contra del acueducto El Novillo y la laxitud interpretativa de la ley es para quienes desde el poder público y político atropellan el estado de derecho y pisotean garantías de los ciudadanos, situación que obviamente genera nuevos agravios entre quienes reclaman justicia, que en este caso al parecer no es ciega y sólo voltea a ver a los corruptos y a los incompetentes. Pues ante esa indefensión de los ciudadanos por una impartición de justicia convenenciera y al servicio de quienes ostentan el poder político desde el gobierno, se ven en la necesidad de la movilización social como esa que se manifiesta en Vicam y se dejó ver en varias ciudades de la entidad para hacer recular al gobernador con sus nuevos impuestos. En resumen, los intereses de Padrés y su ilegal acueducto son protegidos por las interpretaciones convenencieras de resolutivos judiciales, mientras que los ciudadanos que han recurrido a la ley para que sus derechos y garantías no sean pisoteadas, tienen que apechugar posiciones dogmáticas de esos mismos interpretadores o sea, condescendencia para el corrupto e inflexibles para la gente decente. Ante esa realidad no queda de otra más que la presión social y la movilización popular y si en el cumplimiento de la consulta a los yaquis ordenada por la corte no se amplía al resto de los habitantes del sur de Sonora, pues habrá que echar andar estrategias  para que esa selectiva aplicación de la justicia se amplíe cual debe de ser. Porque obviamente que así como los integrantes de la etnia no fueron consultados, tampoco lo fueron los habitantes de siete municipios que están en el área de influencia de la cuenca del Río Yaqui, con la aclaración de que ciertamente Padrés pretendió luz verde de parte de representantes del empresariado cajemense, pero no se la dieron e incluso le advirtieron que ni se atreviera. Por supuesto que las autoridades federales deberán apechugar y tener que tomar en cuenta no sólo la opinión de los yaquis y más cuando los liderazgos de la etnia como es el caso de Mario Luna, Tomás Rojo y otros, ya levantaron la voz para que la protección de la justicia que recibieron sea extensiva a los compañeros de esta lucha que ya va para cuatro años. De destacarse además el acuerdo del cabildo de Cajeme que encabeza el alcalde Rogelio Díaz Brown, cuyos integrantes aprobaron llevar hasta la Semarnat y la Profepa, la solicitud de que en la consulta en torno a la viabilidad del acueducto también participen ciudadanos de toda esa región y que no sea exclusiva a la tribu yaqui. Y bien el que el promovente de esa propuesta haya sido el regidor del PRD, Ascensión López Durán, quien por supuesto tuvo el apoyo de los ediles del PRI y sólo los incongruentes del PAN votaron en contra porque como se sabe, ellos sólo le deben lealtad a los corruptos del gobierno de Padrés y por ende no representan a los cajemenses.