Padrés en contra de etnias Escrito por Samuel Valenzuela Jueves 01 de Agosto de 2013 16:53

Padrés en contra de etnias

Escrito por Samuel Valenzuela

Jueves 01 de Agosto de 2013 16:53

A unos en el abandono total y a otros en pleno acoso, pero el caso es que el Gobierno de Sonora que encabeza Guillermo Padrés la ha tomado en contra de las etnias de esta parte del país. Abandonadas de la mano del gobierno estatal y federal están las comunidades pimas de la región de Yécora y Maycoba, así como los seris a pocos kilómetros de Hermosillo, además de los cucapá, kikapú y pápagos y mayos. Desde hace ya cuatro años la ha tomado en contra de los yaquis en un conflicto de creciente ebullición cuya solución no tiene para cuando, pero paralelo al acoso y agresivo ejercicio de gobierno para imponer al costo que sea el ilegal acueducto El Novillo, sin mayores reflectores mediáticos el gobierno de Padrés embiste y confronta a la etnia guarijía en la región de Alamos. Si la lucha de los yaquis es heroica ya con más de dos meses en desobediencia y resistencia civil en Vicam, la de los guarijíos no se queda atrás, ya que prácticamente solos han tenido que capotear las clásicas perversidades del gobierno panista que pretende embaucarlos para que sus ancestrales comunidades y territorios sagrados sean inundados por el embalse de la presa Pilares. Cierto, mucho se ha dicho y escrito sobre los efectos del acueducto el Novillo en vasta región del sur de Sonora y mucho se ha dicho sobre la resistencia contra las ilegalidades del gobernador Padrés. Pero poco o nada se ha dicho del esfuerzo que se despliega en territorio guarijío de parte del investigador Jesús Armando Haro Encinas, del Colegio de Sonora;  Cinthia Lizeth Moroyoqui y Yaneth Lara Hernández, ambas investigadoras de la UNAM, y de Ramón Martínez Coria, presidente de la organización Foro para el Desarrollo Sustentable. Y sobre todo, poco o nada se ha dicho respecto a las presiones que han sido y son objeto los cinco gobernadores guarijíos y autoridades ejidales  de Guajaray, Burapaco y Los Conejos, sujetos a campañas de intimidación, llegando al secuestro, como fue el caso del gobernador Alfredo Anaya, quien fue sacado de Mesa Colorada el pasado lunes por policías y llevado a Álamos para que firmará la cesión de derechos territoriales a nombre de la tribu para construir la presa. Con más de 30 años trabajando con los guarijíos, Haro Encinas es un reconocido antropólogo y sociólogo que puede ser considerado como el garbanzo de a libra entre la comunidad de investigadores del Colegio de Sonora, institución que como se sabe está repleta de analistas cuyos enfoques y conclusiones por lo regular dejan ver que han sido seducidos por el gobierno panista, ese mismo que a todo lo que huela a oposición a sus designios etiqueta de priista. Nuestro amigo “El Colorado” como le decíamos en la Prepa a Haro Encinas, hace bien en ofenderse cuando el Secretario de GobiernoRoberto Romero culpa al PRI de la resistencia de esa etnia a ser despojados de lo que es suyo desde hace siglos, porque si algo distingue a ese investigador es su autonomía ante partidos y los mismo ocurre con las investigadoras de la UNAM, cuya asesoría a la etnia es a solicitud de sus autoridades tradicionales. Como ven, así como para los yaquis, la situación se ha tornado muy peligrosa también para los guarijíos, porque incluso, los asesores  de referencia reciben amenazas, sus autos han sufrido atentados y son objeto de persecución de parte de enviados del gobierno de Padrés. Son muchas irregularidades en ese proyecto, las cuales van desde la carencia de un proyecto oficial, hasta abusos e intimidaciones hacia los guarijíos para que entreguen su tierra, incluso hasta los obligan a ceder sus derechos a terceros y esos terceros son empresarios allegados al gobierno de Padrés. Es que a pesar de sacar firmas de gobernadores tradicionales con engaños y presiones, la comunidad indígena ya se dio cuenta de la magnitud de los efectos de la inundación de su territorio y del desplazamiento que serán objeto, impacto y efectos contemplados por el gobierno sólo en forma genérica y para no variar, sin cumplir convenios ni pactos. La resistencia incluso obligó a modificar el proyecto original de la presa Pilares, la cual prevista hasta para generar energía eléctrica, redujo pretensiones y se bajó la altura de la cortina de contención para ser considerada sólo como presa de manejo y control de avenidas del Río Mayo. Pero ni así, porque de todas formas son cientos de guarijíos quienes se quedarán sin viviendas, sin sus tierras de labranza; habrá destrucción de caminos y desaparición bajo las aguas de territorios sagrados, e incluso quedará en nada la millonaria inversión que se hiciera durante el gobierno de Eduardo Bourspara electrificar esas comunidades. Se sabe poco de lo que ocurre en esa remota región de Sonora, distinto a lo que pasa en la tribu yaqui, pero en ambos conflictos confluyen similitudes como lo son ambiciones empresariales primero en la construcción de esa infraestructura y luego para el aprovechamiento de esos caudales de parte de socios y cómplices de Padrés, sin importar para nada los intereses de los afectados. Para acabar pronto, los vicios tantas veces denunciados en la construcción y operación del acueducto El Novillo, son iguales o peores a los que se comienzan a conocer en el proyecto de la presa Pilares, en donde también el gobierno de Padrés actúa con prepotencia, autoritarismo y completando el cuadro, también acusa que priistas están detrás de la oposición a sus abusos. Miren, lo que está pasando en torno a la construcción de esa presa y el acueducto El Novillo, se complementa con el fastuoso proyecto de construir en terrenos de la presa ALR un fraccionamiento acuático a todo lujo denominado Rivera del Pitic y en esos tres casos, el común denominador es el tráfico de influencias para obviar trámites ente Conagua, Profepa, Semarnat. Florencio Díaz Armenta, César Bleizeffer, Alan Munro, Rodolfo Flores, delegados de esas dependencias hasta hace pocos meses, fueron los alcahuetes que permitieron ilegalidades y artimañas con el que Padrés y compañía, así como el empresario José Coppel, obtuvieron autorizaciones para sacar adelante sus ambiciosos proyectos. No tenemos idea si aún hay tiempo para que se corrijan todas esas anomalías y si a fin de cuentas la ley obligue a recular a esos traficantes de influencias, cuando ahora en esas instancias federales despachan en Sonora César Lagarda, Jorge Carlos Flores y Ulises Cristópulos, con quienes cuando menos debe haber garantías de que no volverán ocurrir las omisiones que beneficiaron a la casta panista de Sonora. De hecho, bajo la nueva administración federal, la Semarnat emitió un resolutivo de Manifiesto de Impacto Ambiental para la presa Pilares, en el que si bien se autoriza el proyecto, está sujeto al cumplimiento de una serie de términos y condicionantes, así como de las medidas de prevención, mitigación de los efectos y/o compensación de quienes sean desplazados. Sobre todo, el gobierno de Padrés está obligado a consultar a la tribu y ésta “deberá expresamente constar el consentimiento, libre e informado que la tribu otorga para la ejecución de la obra y en caso de incumplimiento, el promovente estaría incurriendo en un delito contra la gestión ambiental”. Al igual que ocurre con los Yaquis, el gobierno de Padrés ha intensificado sus estrategias de presión, de amenazas y de engaños para poder sacar ese Manifiesto de Impacto Ambiental de los guarijíos y por ello intentan con todos los medios, el evitar que sus autoridades tradicionales sean asesorados, que en el caso del fraccionamiento acuático de Coppel en Hermosillo, ese ni MIA tiene a pesar de que es una abierta invasión de zona federal y de desplazar a usuarios históricos de esa superficie. Todo lo anterior ocurre por un gobierno que desprecia la legalidad, un gobernador  corrupto y codicioso, rodeado de iguales cuyos intereses están por encima de los de la gente y la mala noticia es que poco o nada puede esperarse de la estructura de la procuración, administración e impartición de justicia al estar en manos de un Carlos Navarro Suguich, acusado de despojo a particulares de terrenos de alta plusvalía e incluso que pesa sobre él una demanda de juicio político, y un titular del poder judicial, Sebastián Sotomayor que asumió el cargo por escrito y siempre como gato de Padrés. Como sea, tanto para los guarijíos como para yaquis, así como para el gobernador Padrés, hay plazos por cumplirse. Los primeros se reagrupan en defensa de su territorio y lo que los del PAN-Gobierno consideraron pan comido se les indigestó, en tanto que para los segundos, el miércoles próximo la Suprema Corte de Justicia de la Nación dará luz respecto a los efectos del amparo que les concedió y que podría ser el último clavo del ataúd del acueducto El Novillo.